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listado  Mejoran los indicadores de morosidad, pero se mantiene la preocupación por el elevado volumen de crédito comercial en mora
24/07/2015

La morosidad, tanto pública como privada, refleja una tendencia a la reducción tanto de los plazos de pago como de las cuantías en mora, determinada en buena medida por la reactivación de la situación económica y por algunas medidas puestas en marcha desdela Administración, si bien es preciso seguir avanzando en la estrategia de lucha contra la  morosidad para reducir el riesgo de repuntes.


Así se ha puesto de manifiesto en la jornada centrada en el análisis de la morosidad que ha organizado CEPYME, bajo el título de El retraso en los pagos de las operaciones comerciales: situación y perspectivas en el ámbito público y privado”, en la que se ha puesto de relieve la contribución de las Administraciones Públicas en este proceso de reducción de la morosidad.


Medidas comola Ley de Factura Electrónica, la Ley orgánica de control de la deuda comercial y, sobre todo, los planes de pago a proveedores han contribuido a reconducir una situación que, en los primeros años de la crisis, derivó en retrasos excesivos y elevadas cuantías, cuyas principales perjudicadas eran las empresas, en especial las de menor dimensión.


Sin embargo, en la actualidad, según los datos del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el período medio de pago en el caso dela Administración General del Estado se sitúa en 11’98 y 13’17 días, en función de que se computen o no los pagos dela Seguridad Social.


En el caso de las Comunidades Autónomas, se ha pasado de un período medio de pago de 50’83 días a finales de2014 a45’24 días al terminar el mes de mayo. Además, la deuda comercial se ha reducido en un 68% desde 2012 hasta el pasado mes de mayo.


En el caso de las Corporaciones Locales, el período medio de pago se situó en 19’22 días, cifra que se reduce hasta los 15’74 días si se tiene en cuenta solo las grandes ciudades.


La jornada ha contado con la participación de representantes de las Administraciones central, autonómica y local, del Banco de España, de la Comisión Europea y de diversos sectores empresariales.


 
 
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