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listado  FES muestra su inquietud por la constante destrucción de empleo en la provincia
  02/04/2009

Conocidos los datos del movimiento laboral registrado en la provincia el pasado mes de marzo, la Federación Empresarial Segoviana (FES) quiere mostrar su preocupación por el nuevo incremento del desempleo provincial, si bien el ritmo de destrucción de empleo parece que se ha moderado teniendo en cuenta que la subida registrada en Segovia (2,91%) es inferior, aunque muy ligeramente, a las medias nacional (3,55%) y regional (3,25%). Sin embargo, Segovia sigue arrastrando una tasa interanual realmente alarmante, de más del 64%, sólo superada por Soria en toda la Comunidad.

También más moderado que en meses anteriores es el dato conocido hoy de Afiliación a la Seguridad Social: en Segovia al menos no ha caído, registrando una ínfima subida del 0,05%. Es la única provincia de la región, junto a Zamora y Soria, donde no ha descendido.

En la provincia de Segovia hay 8.359 personas desempleadas, 3.277 más que hace un año. Sin duda este fortísimo incremento necesita ser revertido cuanto antes, y para ello la Federación Empresarial Segoviana reitera su demanda urgente de medidas encaminadas a generar confianza en las empresas para promover la actividad y por tanto las nuevas contrataciones.

Estas son algunas de las medidas propuestas, en sintonía con lo recogido en el documento en torno al que giró el Acto empresarial celebrado el pasado lunes en Valladolid con una amplia representación de FES y sus Agrupaciones integradas:

· Garantía por parte de las Administraciones Públicas de una financiación empresarial directa con condiciones estrictas para la financiación pública

· Creación de garantías y avales públicos dirigidos directamente a las empresas, especialmente con microcréditos dirigidos a autónomos, microempresas, y pymes de los sectores más afectados por la crisis

· Contención de la presión fiscal de forma tal que tasas, impuestos o precios de los servicios no se incrementen por encima del IPC

· Reducción, al menos temporal, de los impuestos que afectan al consumo y eliminación del impuesto de matriculación

· Aplazamiento temporal de impuestos y cargas sociales, sin intereses de demora ni obligación de garantías

· Mejora de la “cuenta corriente fiscal” para la compensación de impuestos, especialmente del IVA, y reclamar al ICO nuevas líneas y avales que permitan aplazar los pagos de cuotas a la Seguridad Social y de impuestos

· Establecer la unidad de mercado y la presión fiscal empresarial de forma tal que se garantice el principio constitucional de igualdad, impidiendo vacaciones fiscales en regiones limítrofes

· Reducción de aquellos impuestos y cargas sociales que lastran la actividades económica empresarial, tales como el Impuesto de Sociedades o las cuotas a la Seguridad Social en la línea de las reducciones aprobadas por países limítrofes, algunos de los cuales han llegado a rebajar hasta en 10 puntos el I.S.

· Reordenación de las obligaciones medioambientales, de forma tal que la legislación no comporte mayor presión fiscal ni mayores costes sociales; al contrario, debe favorecer la adaptación a las nuevas tecnologías y las actividades productivas poco contaminantes

· Ampliación de las líneas de crédito dirigidas tanto a pymes como a autónomos, así como facilitar la refinanciación de deudas empresariales

· Recuperar el contrato de fomento del empleo, que reduce drásticamente las indemnizaciones en los casos de rescisión contractual

· Flexibilidad del mercado laboral para adaptar las plantillas a las condiciones de los mercados con medidas colaterales tales como supresión de la intervención administrativa en los ERE, agilización en su trámite y formación complementaria para los trabajadores sujetos a la suspensión temporal de su contrato de trabajo

· Reducción drástica del absentismo laboral, de efectos perniciosos en la productividad y en la competitividad, transfiriendo a las mutuas las competencias de gestión y control de la Incapacidad Laboral Transitoria

· Reforma de la Ley de Morosidad estableciendo un límite de 60 días en los aplazamientos del pago. Agilización de los pagos por parte de las Administraciones Públicas, aminorando drásticamente los plazos hasta equiparar la demora española a las medias europeas. Reforma de la Ley de Morosidad de 2004, con especial fijación para el caso de los autónomos, incrementando los intereses, a la vez que se agilice el procedimiento judicial y se reduzca el período medio de pago.


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